Los invasores llegaron en horas de la noche a construir, para ser beneficiados con las compensaciones que entrega la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte Urbano (Opret) a quienes viven en el lugar donde se construye la extensión de la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó.
"Yo tuve que jalar machete porque habían personas que querían pelear con uno... Ellos (la Opret) contaron 18 casas y le dijeron a la gente que no podían construir más y al otro día aparecieron cuarenta y una casas", relató Kelvin Ramos, residente del lugar.
Los vecinos desmintieron que se hayan cometido abusos con las personas a las que agentes de la Policía Nacional y la Marina de Guerra les quemaron las casas, como publicó un medio de comunicación ayer.
"Eso no ocurrió así, las casas que tumbaron eran casas que estaban construyendo invasores, aprovechando las circunstancias... aquí no se cometió ningún abuso, incluso a esa gente le dieron algo", dijo el profesor, Amado Paula, oriundo del lugar.
Según explico Paula, entre las casas que fueron derribadas y quemadas se encontraban dos o tres de personas que sí son originarias del lugar, como la de Kelvin Ramos, pero luego les fue otorgado el permiso para volverlas a levantar.
En el lugar se podía observar que las casuchas construidas se encontraban en terreno fangoso en el que difícilmente se podría habitar por un tiempo prolongado.
A pesar del peligro que representa denunciar a los estafadores, los moradores del lugar no temen acusarlos.
"Si uno los deja construir ahí eso afecta lo de uno", explicó Ramos.
De su lado, el profesor Paula dijo que siente como un deber denunciar lo que está mal hecho, por lo que no siente miedo.
"Si estamos en un lugar tenemos que dar nuestro aporte para que la sociedad marche. De hecho, el deterioro social que hoy tenemos se debe a eso, a que nadie quiere dar la cara", dijo Paula.
La Opret se ha quejado reiteradas veces de que desaprensivos aprovechan la situación para beneficiarse. Sin embargo, organizaciones barriales de la zona culpan a la Opret de lo que ocurre, por no haber realizado un censo previo al inicio de los trabajos.
La Opret ha pagado a los afectados por la construcción de la vía entre RD$130 mil y RD300 mil.
Según informaron los vecinos del lugar, ayer la institución estatal continuaría censando las casas del lugar que ya habían sido contadas de manera informal.
